España ante la nueva política industrial europea
En los últimos años hemos sido testigos de un resurgimiento de la política industrial a nivel global. Las economías emergentes y las desarrolladas están reconociendo la importancia del Estado para conseguir una base industrial sólida y así impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Este resurgimiento se ve promovido por la creciente competencia global y la necesidad de abordar desafíos socioeconómicos y medioambientales. Ejemplo de este cambio de paradigma son el programa Made in China 2025 y las leyes americanas de semiconductores (CHIPS), infraestructura y transición energética (IRA).
En Europa, la política industrial está volviendo a ocupar un lugar central en la agenda política. La Unión Europea está adoptando un enfoque más activo para apoyar a sus industrias, con el objetivo de mantener su competitividad global y garantizar un crecimiento sostenible. La nueva política industrial europea se centra en áreas clave como la digitalización, la transición verde y la resiliencia de las cadenas de suministro. Dos estrategias marcan el rumbo legislativo comunitario en política industrial: la Estrategia Industrial de la UE (2021) y el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo (2023).
Estos planes se concretan en la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, aprobada en mayo 2024, y la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. Estas leyes son cruciales para la estructura económica de los países europeos, ya que definen las tecnologías estratégicas, los objetivos de producción y aprovisionamiento doméstico, y el nivel y modalidad de la financiación pública. Otros elementos fundamentales para la política industrial de la
UE son la Ley Europea de Chips, la próxima reforma del mercado eléctrico y el Programa Europeo para la Industria de Defensa. Toda esta actividad relativa a la política industrial europea es de enorme trascendencia para España: su implementación y futuros desarrollos legislativos tendrán un efecto directo sobre la competitividad y la economía española.
Hay varios elementos fundamentales a nivel europeo. En primer lugar, va a aumentar mucho la presión en Europa para generar iniciativas, alianzas y operadores paneuropeos que puedan competir a escala global con empresas chinas y norteamericanas, entre otras. La visión española debe tener este elemento. Habrá que seguir el ejemplo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en el que España está jugando un papel importante. En cualquier caso, el debate de crear “campeones europeos”, si bien es válido, podría dejar a las empresas españolas en una situación de
mayor vulnerabilidad, ya que estos campeones europeos podrían acabar procediendo de Alemania, Francia o Países Bajos.
En segundo lugar, se va a librar una batalla entre estados para determinar si la financiación del desarrollo industrial se hará a nivel de Estado miembro o a nivel comunitario. Asegurar que la financiación sea comunitaria es crítico para un país europeo de renta media y con poco espacio fiscal como es España. Además, los mercados de capitales están fragmentados y la propuesta para una unión de capitales sigue avanzando lentamente. Por ello, nuestro país necesitará influir y moldear la política europea al respecto, promoviendo no sólo la capitalización industrial y tecnológica, sino también la fiscal, financiera y comercial desde el ámbito comunitario.
Cadenas de valor
Por último, las nuevas políticas industriales, tanto la europea como las domésticas, implicarán una nueva
configuración geográfica de las cadenas de valor. Mientras el centro francoalemán lidera ampliamente al resto en el ámbito de las subvenciones industriales y en cuanto al desarrollo de sus estrategias industriales, se abren posibles reposicionamientos en las cadenas de valor europeas. Esto está generando una carrera entre los tres flancos periféricos: el oriental liderado por Polonia; el sur, encabezado por Italia; y el suroeste,
con la península ibérica.
España cuenta con varios elementos clave para desarrollar una política industrial efectiva. No se
trata sólo de la Ley de Industria, que no es necesariamente equivalente a dotarse de una política industrial, sino de un conjunto más amplio de recursos. Entre estos se encuentran los ministerios de Industria y de
Transición Ecológica, así como entidades como Enisa, CDTI e IDEA. Además, destacan la Estrategia Industrial de Defensa 2023 y el Componente 12: Política Industrial España 2030 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en particular, los Proyectos Estratégicos para la recuperación y Transformación Económica (Perte). España también goza de muchas instituciones autonómicas fundamentales para el desarrollo industrial de los distintos territorios.
A pesar de estos elementos potentes, España necesita una visión clara, transversal y compartida para su política industrial. Esta visión debe estar alineada con las prioridades de la nueva política industrial europea y
debe centrarse en fortalecer la competitividad de la industria española. Además, requiere de una implementación coherente con su visión que alinee las distintas iniciativas domésticas. Sólo con una visión clara y una
política industrial efectiva España estará bien posicionada para navegar el cambiante paisaje industrial y
aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva política industrial europea. No necesitamos únicamente una política industrial que disponga de instrumentos de prevención, como las reservas estratégicas de capacidades industriales y medidas de respuesta a crisis. También se necesita una política industrial que realmente fomente la competitividad económica de las empresas, facilitando la transición hacia su descarbonización y digitalización en
plazos y recursos realistas.
Escrito en colaboración con: Juan Moscoso del Prado
