¿España va bien?

José María Aznar gustaba de emplear la frase “España va bien” cuando era presidente de gobierno. Eran momentos felices para la economía española, el país había entrado con nota en el euro y mantenía unas ratios macroeconómicas envidiables. La prestigiosa publicación The Economist nos calificaba como “el tigre ibérico”, emulando a las economías del este asiático. No obstante, al cabo de unos años se demostró que éramos un tigre de papel y nuestro modelo de crecimiento, basado en el boom inmobiliario, se derrumbó como un castillo de naipes. “Se acabó la fiesta”, tituló en portada el semanario al final del 2008.

Continúa la revista británica dando una de cal y otra de arena. Después de mostrarse crítica con Pedro Sánchez por los pactos con los independentistas, que sostienen a su Gobierno al tiempo que lo zarandean, nos califica­ en su última evaluación anual como la economía que mejor lo ha hecho en el 2024. Al parecer, España vuelve a ir bien mirada desde fuera, aunque internamente no todo el mundo tenga esa percepción.

¿Qué factores llevan a The Economist a alcanzar dicha conclusión? Cinco indicadores. En primer lugar, el crecimiento del PIB, que previsiblemente superará el 3%, a la cabeza de las economías desarrolladas. Los siguientes parámetros son el mercado de valores, con un crecimiento del Ibex del entorno del 17% y la inflación, que se ha logrado contener por debajo del 2,5%. La evolución del desempleo es también evaluada en positivo, pues, a pesar de hallarse en el nivel más alto de la zona euro, se ha reducido notablemente y el ritmo de creación de empleo es potente. Finalmente, el comportamiento del gasto público, donde, a pesar de gobernar una coalición de claro signo izquierdista, se alcanzará un déficit primario (antes de pago de intereses) del entorno del 0,6%, en una encomiable línea de equilibrio.

Yo añadiría dos datos relevantes. La balanza por cuenta corriente, que llegó a tener déficits del 10% en los años más duros de la gran crisis, se mantiene positiva de forma sostenida durante los últimos años. Y la deuda exterior neta, que se acercó en el pico al 100% del PIB, está en estos momentos por debajo del 50%.

Ello nos conduciría a mostrarnos moderadamente optimistas. Pero también lo éramos antes de la crisis que devastó nuestro país en el periodo 2008-2013. ¿Puede volver a pasar? Con toda seguridad, no como la anterior. Pero no por ello podemos relajarnos, ni siquiera tranquilizarnos, pues hay otros indicadores de largo plazo que nos obligan a estar alerta.

El crecimiento del PIB español se ha basado durante los últimos años en la creación de puestos de trabajo de bajo valor añadido, con particular concentración en el turismo, cubiertos por medio de la incorporación a nuestro mercado de trabajo de un fuerte contingente de población inmigrante. Ello alimenta una tendencia de largo plazo que desalinea nuestra economía de la senda de productividad de la media europea y, no digamos ya, de la norteamericana. Lo cual explicaría que los buenos datos macroeconómicos no sean percibidos por la ciudadanía, pues la realidad es que la renta disponible por habitante se halla estancada. Si a ello le añadimos un incremento exponencial del precio de la vivienda, agravado por unas políticas públicas equivocadas, entenderemos aún mejor el descontento. Finalmente, el buen comportamiento de las cuentas públicas no se produce por políticas de contención y eficiencia en el gasto, sino a través de un incremento progresivo de la presión fiscal.

La demagogia fácil conduce por la izquierda a promover la turismofobia y por la derecha a demonizar la inmigración. No podemos caer­ en esas trampas, pues debemos cuidar nuestra principal industria y velar por la adecuada integración de la población inmigrante que necesitamos.

Pero a medio y largo plazo el modelo no es sostenible. Las tendencias indicadas lastrarán nuestra economía haciéndola menos competitiva y limitando el futuro de nuestros jóvenes. Allí es donde la confrontación política impide los consensos destinados a revertir la tendencia: grandes pactos e inversión en el ámbito del conocimiento (educación, investigación y desarrollo tecnológico), políticas bien enfocadas en materia de vivienda y reformas de calado que aporten eficiencia en el sector público­.