La falta de vivienda asequible bloquea la salida de familias monomarentales de los programas de inclusión social
Mejorar la situación laboral no siempre basta para que una familia monomarental pueda dejar un programa de vivienda social. Los precios del alquiler y las barreras de acceso a algunas alternativas públicas dificultan mantener la estabilidad alcanzada durante el acompañamiento. Así lo señala el informe La feminización de la pobreza. La monomarentalidad como factor de incremento del riesgo de exclusión residencial, elaborado por el Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, en colaboración con Hàbitat3 y la Fundació Habitatge Social.
La investigación, basada en entrevistas a 48 mujeres en situación de vulnerabilidad en Barcelona y su área metropolitana, unas atendidas por ambas entidades y otras en situación de ocupación de vivienda, identifica la falta de una política pública de salida que conecte los programas de vivienda de inclusión social con una solución residencial duradera. Las profesionales participantes describen, entre otros casos, el de una familia con ingresos estables e indefinidos que lleva más de un año sin poder salir del programa por las dificultades de acceso al alquiler y la discriminación por origen.
Según Ignasi Martí, director del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, “muchas familias quedan atrapadas entre un mercado de alquiler que no pueden pagar y unos recursos públicos cuyos requisitos no se ajustan a su situación. Los programas sociales pueden proporcionar estabilidad y acompañamiento, pero garantizar una salida hacia una vivienda asequible requiere una respuesta estructural y coordinada de las políticas públicas de vivienda y derechos sociales”.
Las barreras también afectan al acceso a la vivienda pública
El informe señala que los ingresos mínimos exigidos para acceder a determinadas viviendas de protección oficial pueden dejar fuera a hogares con un único ingreso y menores a cargo. Propone ajustar la renta efectiva mediante ayudas que permitan acceder con ingresos más bajos sin imponer un esfuerzo económico inasumible. También recomienda ampliar el parque asequible y establecer vías preferentes de transición desde los programas del tercer sector hacia la oferta pública, con financiación estable del acompañamiento durante el proceso de inclusión y continuidad tras la salida cuando sea necesaria. Las entidades sociales y los ayuntamientos proporcionan alojamiento y apoyo, pero no pueden resolver por sí solos la falta estructural de vivienda asequible.
Un sinhogarismo que permanece oculto
Antes de acceder a un programa o llegar a una situación de ocupación, las participantes relatan recorridos por casas de familiares y amistades, habitaciones realquiladas, pensiones y hoteles concertados por los servicios sociales. Evitar la calle para proteger a sus hijos no significa disponer de un hogar estable: puede implicar depender de redes frágiles o mantener convivencias difíciles.
La violencia machista aparece en una parte significativa de los relatos. Romper con una pareja agresora puede suponer perder la vivienda y afrontar el alquiler y los cuidados con un único ingreso. Algunas mujeres describen la ocupación como la única alternativa para no quedarse en la calle con sus hijos. Pero los relatos también muestran a mujeres que despliegan estrategias activas para proteger a sus hijos e hijas, ante la escasa corresponsabilidad del otro progenitor. “Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí”, resume una de las participantes. Esta capacidad de resistencia, sin embargo, tiene un coste psicológico y pone de manifiesto la necesidad de reforzar el apoyo especializado.
El estudio advierte de que estas formas de exclusión residencial no siempre quedan reflejadas en las estadísticas ni encuentran respuesta en los circuitos de atención. Por ello, propone reconocer expresamente la monomarentalidad en los planes y baremos de vivienda, adaptar los criterios de acceso y reforzar la coordinación con los recursos de atención a la violencia machista.
Los vacíos de protección pueden dificultar la incorporación al empleo
La necesidad de compatibilizar el trabajo con los cuidados condiciona las oportunidades laborales de estas mujeres, mientras que la falta de un segundo ingreso dificulta asumir el alquiler. A ello se añaden discontinuidades en la protección económica cuando un intento de inserción laboral no prospera. Según las profesionales entrevistadas, cuando una madre acepta un empleo que finalmente no se consolida, la reactivación de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede demorarse hasta cinco meses. El informe recomienda corregir este vacío para evitar que la familia quede sin ingresos esenciales y vea comprometidos el pago de la vivienda y la cobertura de necesidades básicas.
La vivienda estable también es una política de infancia
Las participantes describen el acceso a una vivienda estable como un punto de inflexión: permite reorganizar la vida cotidiana, retomar la formación, buscar empleo con menos urgencia y fortalecer los vínculos con el entorno. Las madres también relatan mejoras en el bienestar emocional, la socialización y la experiencia escolar de sus hijos e hijas. Por ello, la investigación propone que la infancia sea un objetivo propio de las políticas habitacionales, además de un criterio para priorizar solicitudes. Garantizar la continuidad de un hogar estable es también una forma de proteger las oportunidades de desarrollo de los menores y contribuir a prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.