La gran batalla industrial global

El principal eje conductor de la geoeconomía global es la batalla industrial que están librando los Estados Unidos (EEUU) y China. Que nadie piense que es algo nuevo, el presidente Joe Biden aprobó el Inflation Reduction Act (IRA) en 2022 priorizando la inversión en tecnologías limpias, así como la Ley de Chips y Ciencia. En 2023, su consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan, solemnizó en el Brookings Institution, el nuevo paradigma que situaba la política económica doméstica y el control de la cadena de valor como base de la seguridad nacional.

A pesar de la deriva democrática e institucional de los EEUU del presidente Donald Trump, no estamos ante un país en declive (Andrés Ortega, Política Exterior), sino más bien lo contrario. En los últimos años ha reforzado su autonomía energética, su hegemonía financiera y la del dólar, su supremacía en IA y tecnologías avanzadas… mientras el soft power europeo, su capacidad regulatoria –efecto Bruselas– o su influencia en la gobernanza global se debilitaban.

La UE ha cometido muchos errores, colectivos y también consecuencia de posiciones nacionales, que el tiempo ha demostrado equivocados. El drama de la UE es que todas las ventajas comparativas acumuladas respecto al resto del mundo desde la Revolución Industrial se han agotado. El convencimiento alemán de que su liderazgo industrial global basado en su industria automovilística y mecánica sería eterno impidió que los nuevos sectores tecnológicos europeos alcanzaran la escala que, desde el final del siglo XX, alcanzaron en los EEUU, porque la fragmentación del Mercado Único no afectaba a la industria alemana. Un error que Draghi y Letta han explicado y que también impidió el desarrollo de las tecnologías de información –Francia lo intentó a escala nacional–, o también del sector espacial, iniciativa incluso ridiculizada como supuesta consecuencia de la grandeur francesa en una Europa abducida por los indudables éxitos y propaganda de la NASA durante la Guerra Fría.

La UE está reaccionando en política industrial, ahora con la Ley de Aceleración Industrial (IAA), un texto ambicioso, el primer intento solvente de construir una política industrial desde una perspectiva geoeconómica europea, cuya aprobación no va a ser sencilla.

En el debate de la IAA no se van a poder ocultar las debilidades económicas alemanas –precio de la energía, dependencia comercial y de su cadena de valor de China–, y se va a poner a prueba la cintura europea ante las inéditas ventajas comparativas industriales del sur: energía estructuralmente más barata como en España gracias a su mix energético.

El objetivo de la IAA es que la producción industrial de la UE equivalga al 20% del PIB en 2035 frente al 14,3% actual, primando la europeidad y la descarbonización de la cadena de valor en sectores de alto consumo energético como el acero, aluminio y cemento, de la automoción y de todos sus elementos como las baterías, y de sectores emergentes tecnológicos, condicionando la inversión directa extranjera (IDE) y garantizando la transferencia tecnológica, utilizando la contratación pública como incentivo, y estableciendo las pautas para el hasta ahora indefinido “made in Europe” o quizás “made with Europe” (Nils Redeker, Delors). Otras discusiones deberán cerrarse pronto, como la que pretende utilizar la flexibilización normativa –permitting– para desregular y desproteger (por ejemplo, el medio ambiente).

España debe aprovechar esta oportunidad exigiendo que se tengan en cuenta sus claras ventajas competitivas, industriales, energéticas y de capital humano, ofreciendo una respuesta contundente porque la resistencia del norte va a ser formidable.

Una oportunidad única e irrepetible y una realidad estructural que en España se puede ir al traste si la agenda política y de reformas e inversiones acaba dominada por la guerra cultural y el populismo: más chips y menos Hernán Cortés por favor.

La oportunidad de España en el nuevo ciclo tecnológico global afronta un gran riesgo, español, pero también europeo: el de que las políticas que provocaron el retraso histórico de España durante siglos regresen como parte de la agenda de la extrema derecha global, la misma que provocó ese mismo retraso estructural en América Latina y que ahora es aliada de un Donald Trump explícitamente antieuropeo.

Y es que el crecimiento global y no digamos su redistribución, la cohesión y la reducción de las desigualdades han dejado de ser considerados bienes públicos globales para esa coalición de intereses. Para los Estados Unidos de Donald Trump el crecimiento ha dejado de ser un bien público global, incluso para sus aliados tradicionales. La guerra de Irán es buen ejemplo, razón por la que sólo busca el respaldo de los gobiernos que lo acompañan en su estrategia iliberal, entendiendo el iliberalismo como la defensa de los intereses particulares de unas élites y jerarquías que imponen creencias subjetivas y anticientíficas –guerra cultural–, para reemplazar las demandas materiales y de bienestar de la sociedad por luchas identitarias mientras ellos descreen y se enriquecen. Ojo con esto.

¿Y China? China está reaccionando con su Reglamento sobre Seguridad Industrial y de la Cadena de Suministro, que le permitirá adoptar medidas contra las empresas que amenacen su modelo industrial o que compartan información tecnológica sensible como las europeas por imposición del IAA (Alicia García Herrero, Natixis), y limitar así la política industrial europea poniendo en aprietos a las economías más dependientes y expuestas a China como Alemania o Hungría.

La descripción de la gran batalla geoeconómica no estaría completa sin los dos elementos básicos que alimentan a la industria y sin los que no puede ser competitiva: la financiación y la energía. En finanzas, Europa va muy por detrás, no sólo por la debilidad, fragmentación y pequeñez de sus mercados de capitales, o la inexistencia de instrumentos de financiación como los que excepcionalmente su pusieron en marcha con el NextGeneration, sino por la lentitud en la creación del euro digital, criptomonedas y stablecoins, ámbito en el que al Banco Central Europeo (BCE), incomprensiblemente, le está costando mucho esfuerzo alinear a gobiernos y sector privado.

El otro ámbito es el de la energía con una UE externamente muy dependiente de moléculas y tecnología. Pase lo que pase en Ormuz, los precios no bajarán en meses. La factura europea de este desaguisado supera ya los 40.000 millones de euros (sumados a una factura energética anual europea de unos 365.000 millones). En Irán hemos visto que a Estados Unidos le importan poco las consecuencias para la economía global de una agenda MAGA que sólo comparte con sus aliados de guerra cultural. En Pekín, tras la rectificación arancelaria de los EEUU al no poder resistir el contraataque chino en materias primas, Donald Trump ha firmado una tregua reconociendo implícitamente la capacidad china de estrangulamiento –choke point– de su economía. La pregunta para la Unión Europea es, ¿cómo nos defenderemos nosotros en este mundo hostil?