El sector público es parte fundamental de cualquier sociedad democrática. De él dependen servicios básicos muy apreciados por los ciudadanos como son la educación, la sanidad, los servicios sociales o los transportes. También es una pieza clave para garantizar derechos fundamentales como son la justicia, la seguridad o la libertad. Y no podemos olvidar que es un actor central en el impulso del desarrollo económico y la competitividad de los territorios, ambos necesarios para una mayor riqueza, progreso y bienestar de los ciudadanos que los forman. En definitiva, el sector público tiene una función social, política y económica consistente en generar un verdadero valor público que se acumule como patrimonio transformador de la sociedad.