El pasado martes 13 de abril se publicó en el BOE la Ley 5/2021, que modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Las otras normas afectadas son las Leyes de Instituciones de Inversión Colectiva, de Entidades de Capital Riesgo, de Auditoría de Cuentas y de Mercado de Valores (nos ahorramos los números). Con casi dos años de retraso, llega finalmente a España la Directiva (UE) 2017/828 de fomento a la implicación, que modificó la Directiva 2007/36/CE, más conocida como Shareholders’ Rights Directive (SRD), tras casi cinco años de discusión en las instituciones europeas, dentro del Plan de Acción de la Comisión sobre Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo (2012). El objetivo de la norma es promover el ecosistema que facilite la transparencia, comunicación y sobre todo una mayor participación de los accionistas en la viabilidad a largo plazo de las empresas donde invierten. Así establece objetivos de transparencia para emisores (para variar), intermediarios y agentes, inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto.