Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones
Ángel Martínez Jorge, Jorge Galindo, Toni Roldán
10 Oct, 2022
El proyecto inicial de los PGE para 2023 anticipa un incremento de unos 25.000 millones de euros en gasto social en comparación con 2022. De estos, unos 19.500 se dedicarán a pensiones, y 12.430 específicamente a la revalorización general al 8,5% anunciada por el gobierno. Es decir: la mitad del nuevo gasto social se va en actualizar las pensiones al IPC.
En este Policy Insight hacemos el ejercicio de dividir la población española en diez grupos según sus ingresos utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida para averiguar qué parte del coste total de la revalorización se destinará a los pensionistas que forman parte de cada uno de esos diez grupos.
Los pensionistas que forman parte del 30% de la población española con menos ingresos recibirán solamente un 13% de la revalorización, mientras que los pensionistas que se sitúan entre el 10% de españoles con mayor renta lograrían un 21,2%, casi 2.500 millones de €.
Nuestra propuesta extraordinaria para 2023 consiste en dividir en cuatro tramos la revalorización. Estimamos aquí una alternativa de las muchas posibles, según la cual los pensionistas que se encuentren dentro de los tres primeros deciles de renta la revalorización sería completa, del 8,5%, en el caso de los pensionistas que se encuentran entre el decil 4 y el 6 la revalorización ascendería al 6%, que se reduciría al 4% entre el decil 7 y el 9 y llegaría a su nivel mínimo de revalorización del 2% para aquellos que se encuentren entre el 10% con mayores ingresos.
Esta propuesta tiene dos ventajas. El coste absoluto se reduce desde 12.430 a 6.890 millones de €. Adicionalmente a este ahorro presupuestario del 44,5% frente a la revalorización universal, nuestra propuesta presenta un impacto distributivo sustancialmente mayor.
La revalorización universal tendría un efecto prácticamente neutro en términos distributivos, con una reducción de la desigualdad de tan solo el 0,02%. Por su parte, la revalorización por tramos, empleando poco más de la mitad de los recursos, logra un impacto distributivo sustancialmente mayor, equivalente a una reducción de la desigualdad (medida con el índice de Gini) del 0,67%.