Lo bueno, lo ausente y lo malo de la nueva Ley de Educación

EsadeEcPol | Policy Insight

Este documento forma parte de la línea de investigación de Educación, dirigida por Lucas Gortazar

Resumen ejecutivo

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una nueva Ley de Educación, la llamada LOMLOE, que sustituye a la LOMCE de 2013. Quizás lo más relevante antes de hacer valoraciones es recordar que el impacto de una ley es lento, gradual y parcial, y que las leyes no modifican la realidad de los centros educativos de forma inmediata, por lo que no podemos caer ni en el triunfalismo ni tampoco en el discurso catastrofista. Esta nota analiza sus fortalezas, ausencias y debilidades.

• A nivel micro (lo que afecta a la vida de los centros), se toman medidas importantes, más positivas que negativas. Los puntos positivos incluyen: (i) reorganizar la primaria en ciclos y retomar el modelo de diversificación curricular en secundaria; (ii) tomar medidas relevantes para reducir la repetición (medida cara, injusta e ineficaz), aunque estas deben complementarse por las CCAA; (iii) abrir una puerta normativa a una reforma necesaria curricular en profundidad. Sin embargo, también hay algunos peros o inconcreciones: (i) la profesionalización de la carrera docente sigue a la espera, aunque con promesas de reforma en el plazo de un año; (ii) la expansión de la educación infantil avanza, pero la falta de concreción invita al escepticismo; (iii) y sigue sin eliminarse el título de ESO y sustituirse por otro modelo que permita vías formativas a todos los alumnos.
• A nivel macro (lo que afecta a la gobernanza y gestión del sistema), los avances más importantes incluyen: (i) el despliegue de las evaluaciones externas, censales, de tipo diagnóstico, tanto a mitad como final de etapa, integrando lo mejor de la LOE y la LOMCE; (ii) medidas relevantes para combatir el fenómeno de la segregación escolar. Sin embargo, se avanza o concreta poco en otros aspectos, como: (i) la profesionalización de la dirección de los centros educativos y su autonomía efectiva; (ii) la mejora de la financiación del sistema educativo, que lamentablemente fija unos plazos lejanos y apenas concreta las partidas a financiar; (iii) y el recrudecimiento del problema autonómico ante los cambios de la vehicularidad del castellano.
• Finalmente, quizás el elemento más negativo de esta ley es que nace, al igual que las anteriores, con una importante falta de consenso. El proceso de elaboración ha sido acelerado desde el principio, y, tras el periodo electoral de 2019, su tramitación final en la Comisión de Educación se ha realizado sin comparecencias, algo inédito en democracia. Quizás, la alta conflictividad de esta ley y la reacción de la escuela concertada (que sin embargo apoyó la LOE) se debe, no tanto a diferencias ideológicas, sino a la caída demográfica que va a afectar al sistema educativo en la próxima década. En un contexto donde el sistema pierde alumnos, los intereses se enfrentan y se recrudece la «guerra escolar». Sin consenso amplio, la ley nace limitada en su impacto, ya que llegará con más contestación a los centros educativos, y en su duración, ya que en cuanto la oposición vuelva al poder, tendrá la habitual tentación de derogarla. Así pues, se da la paradoja de que el país sigue avanzando legislativamente a base de mayorías ajustadas, pero no en cuanto a la elaboración de las políticas públicas más complejas y trabajadas, que requieren de consensos mucho más amplios.