Cómo abordar la pobreza energética en España

→ La pobreza energética, entendida como la dificultad de los hogares de cubrir sus necesidades mínimas para mantener la temperatura deseada en el mismo, así como el acceso a otros servicios y necesidades que implican consumo de energía, es un problema que alcanza a entre uno de cada siete y uno de cada trece hogares en España. La escalada de la subida del precio de la electricidad durante 2021, unida a las consecuencias de la pandemia, han acentuado el riesgo que enfrenta esta significativa porción de la población, trayendo al primer plano del debate público la cuestión de las políticas óptimas para enfrentar la pobreza energética.

→ Pese a su carácter estructural, España empieza a abordar la pobreza energética más tarde que otros países, a raíz de la crisis económica de 2008, que agrava notablemente el problema de la pobreza energética. De ahí que se empiecen a adoptar ciertos mecanismos de urgencia para aliviarla, como la creación del bono social en 2009. Hasta hoy, las medidas aplicadas en España han sido principalmente medidas de renta, como el bono social eléctrico y térmico, basadas en proporcionar alivio financiero, y la prohibición de interrumpir el servicio con el objetivo de garantizar un suministro básico a los consumidores más vulnerables.

→ Sin embargo, estas intervenciones son únicamente de carácter paliativo, suficientes para abordar la situación de urgencia en el corto plazo. Además, parte del coste recae ahora sobre las propias comercializadoras de energía eléctrica, que han de repartirse el coste del bono social eléctrico en función del número de clientes.

→ En el largo plazo, la reducción de la pobreza energética requiere emplear un enfoque más estructural basado en la mejora de la eficiencia energética –renovación de las viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente, instalación de dispositivos que propicien ahorro energía, certificados energéticos, etc.– y medidas con un claro enfoque conductual –Provisión de información y formación al consumidor mediante escuelas de energía, auditorías energéticas, comparadores de oferta–

→ Para ello las principales recomendaciones derivadas de este policy brief se agruparían en cuatro:

1. Mejora de las fuentes de información disponibles, a través del diseño de encuestas específicas para el estudio de la pobreza energética, así como la incorporación de datos recolectados por las empresas suministradoras de energía a través de contadores digitales y la creación de un mecanismo para monitorizar el problema a nivel nacional.

2. Mejor definición de los criterios de acceso al bono social eléctrico. Concretamente, se recomienda la inclusión de factores correctores en función del nivel de renta, el número de miembros del hogar, las condiciones de la vivienda y la zona climática en la que se reside, además de la simplificación de los trámites y requerimientos de documentación para su acceso.

3. Instrumentos para incentivar la eficiencia energética en hogares vulnerables: La eficiencia energética de las viviendas es clave en la reducción de la pobreza energética a largo plazo. Sin embargo, las obras de renovación a menudo son costosas y menos accesibles a los hogares vulnerables.

4. Facilitar la colaboración público-privada, a través de medidas como certificados de ahorro de energía específicos para hogares vulnerables, como los establecidos en Francia y Reino Unido.