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Reformas, gobernanza y capital humano: las grandes debilidades del plan de recuperación

Toni Roldán, Manuel Hidalgo Pérez, Marta Suárez-Varela, Lucas Gortazar, Ramón Mateo Escobar, Carlos Victoria, Natalia Collado Van-Baumberghen, Ángel Martínez Jorge

27 Apr, 2021

En este Policy Brief analizamos las diez políticas palanca y la gobernanza del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: España Puede” presentado por el gobierno este mes de abril.
Destacamos tres aspectos positivos principales: (1) el acierto en el diagnóstico de los males de la economía española, (2) la adecuación con las prioridades establecidas por Bruselas (en particular en el área de transición verde, donde hay algunos avances importantes) y (3) la desaparición de algunas reformas muy cuestionadas que se habían venido lanzando desde algunos sectores del Gobierno.
El plan también tiene algunas deficiencias destacables: (1) la falta de concreción reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior; (2) la ambición insuficiente en el ámbito del capital humano, desde la educación no universitaria, a las políticas activas, pasando por la escasa mención a la reforma universitaria o la baja ejecución del presupuesto de ciencia e I+D.
En lo que se refiere a la gobernanza del plan, destacamos dos tipos de problemas. En primer lugar, la excesiva opacidad respecto a los procesos de selección de proyectos e inversiones, que podría redundar en una selección de proyectos subóptima con un sesgo favorable a los actores económicos consolidados y no los más innovadores, y cuyas dudas el Real Decreto de 31 de diciembre no consigue despejar. En segundo lugar, el documento refleja un insuficiente compromiso con una cultura de evaluación y rendición de cuentas, puesto que no se establecen métricas, ni procesos, ni objetivos mensurables para evaluar la adecuación y eficiencia de las inversiones comprometidas.
Finalmente, una de las principales dificultades para el éxito del plan será la asunción compartida de responsabilidades por parte de los diferentes agentes que serán necesarios para su exitosa implementación. Casi un año después de que se empezaran a articular los primeros compromisos en Bruselas, no se han logrado alcanzar acuerdos parlamentarios y ha habido una débil implicación en los procesos de CCAA, Entidades Locales y representantes de la sociedad civil.