El mercado laboral (y la EPA) tras un año de pandemia

Hace apenas un mes se cumplía un año del confinamiento que inició lo que ha sido el peor periodo en términos de registros económicos que se recuerde en décadas. El cierre de la economía y el confinamiento de las familias dio paso a una reapertura parcial que no evitó que buena parte de los indicadores de actividad se desplomaran, en particular en sectores asociados al turismo. En todo caso, dicha caída fue generalizada, y aún hoy, como muy bien sabemos, queda bastante por recuperar.

La ocupación hizo lo propio y los datos del primer trimestre que se publicaron ayer de la Encuesta de Población Activa (EPA) así nos lo muestran. En este primer trimestre de 2020 había en España algo más de 19,2 millones de personas ocupadas, 760 mil menos que en el cuarto trimestre de 2019 y 475 mil menos que el primer trimestre de 2020. Sin embargo, y esto debemos decirlo, el círculo aún no se ha cerrado y la fotografía de un año de pandemia, desde el lado de lo laboral, aún está incompleta, ya que el verdadero ajuste de empleo durante la pandemia se inició en el segundo trimestre de 2020, que se inauguraba allá en las primeras semanas de abril con un cierre total salvo actividades esenciales.

Pasado un año son varias las lecciones aprendidas. La primera de ellas es que las crisis nunca son plenamente comparables entre sí: así, mientras la de 2008 se saldó con más de 3,5 millones de empleos destruidos en el máximo de la serie, en esta ocasión la ocupación alcanzó un mínimo en el segundo trimestre, con una pérdida máxima de algo menos de 1,4 millones de ocupados. El ajuste en producción ha sido en esta última recesión más intenso y concentrado en el tiempo, lo que ayuda a comprender las diferencias entre ambas crisis, así como sus consecuencias laborales.

Las tasas de paro también han tenido un comportamiento claramente distinto: al año de iniciarse la crisis de 2008, había subido más de ocho puntos (a los tres años lo había hecho 16 puntos), mientras que en esta ocasión un año después apenas ha crecido dos.

El uso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como herramienta de ajuste laboral al shock sufrido por las empresas es el principal causante de estas diferencias. La evolución de los ocupados asalariados por tipo de contrato desde inicio de 2019 lo muestra a las claras, destacando dos aspectos clave.

1. Una vez más, el principal ajuste de ocupación en nuestro país se ha realizado a través de una destrucción de empleo temporal (línea roja) y que podría haber sido mayor si no se hubiera dado la oportunidad a las empresas de acogerse a los ERTE. Sin embargo, parece que esta oportunidad no convenció demasiado a las empresas al principio, ya que la diferencia entre asalariados con contratos temporales acogidos a algún tipo de reducción temporal de jornada laboral y los computado por la EPA fue entonces pequeño. Además, esta diferencia parece elevarse en el tercer trimestre, en buena parte debido por el acogimiento de empresas del sector hostelero y comercial (y que explicarían la mitad de todos los trabajadores temporales en ERTE).
2. El ajuste en asalariados con contrato indefinido ha sido casi imperceptible, y rápidamente recuperado. Ya a finales de 2020 el nivel de asalariados con contratos indefinidos era solo un 1% menor que la media de 2019. Obviamente, el papel jugado por los ERTE ha sido mucho más intenso en este caso, ya que sin ellos muchos de los contratos podrían haber desaparecido. Por ejemplo, si no contabilizáramos como ocupados los indefinidos en ERTE, la pérdida hubiera sido de unos 3,2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2020, con un máximo en el tercero de 17 puntos.

Sin embargo, la lectura apropiada de estos datos no debe ser que los ERTEs han maquillado los datos reales de desempleo. Pretender mantener este discurso desvirtúa completamente lo sucedido y la propia intencionalidad de los mismos mecanismos aplicados para evitar la ruptura de relaciones laborales durante este año. Los ERTEs han jugado un papel relevante en el proceso de ajuste del mercado de trabajo durante lo peor de la pandemia: tradicionalmente, nuestro mercado de trabajo tendía a romper relaciones laborales temporales como método de ajuste al inicio de cada crisis, lo que precisamente ha sucedido también en este caso; sin embargo, si la magnitud de la crisis era elevada, posteriormente al ajuste en temporales llegaba el de los indefinidos. Los ERTEs han tratado de evitar el recurso a esta opción para impedir que, a posteriori, la histéresis que caracteriza a nuestro mercado de trabajo hubiera creado una recesión y un ajuste laboral más intenso a medio y largo plazo. El rebote observado en la ocupación, ya no solo indefinida sino incluso temporal, en la segunda mitad de 2020 nos indica que, en buena parte, los ERTEs han hecho su trabajo. El relativamente mal dato del primer trimestre de 2021 refleja, una vez más, que el retroceso de actividad en este período ha sido de contratos temporales, muy probablemente derivado de una tercera ola y una mala meteorología que ha supuesto un (esperemos) breve paréntesis en la recuperación.

Sea por lo tanto bienvenida novedad en nuestro mercado de trabajo. Las lecciones están aprendidas, pero ahora queda trasladar esta enseñanza al futuro. El diseño de estos ERTE ha estado claramente enfocado a la necesidad concreta de la pandemia. Sin embargo, podemos extrapolar esta opción para futuras crisis e, incluso, con tiempo, poder mejorarla dotándola de una mayor potencialidad. Esta semana, desde EsadeEcPol publicábamos un Policy Brief donde desgranábamos lo bueno y lo malo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” y donde, en el apartado sobre políticas laborales, se mencionaba la necesidad de aprovechar esta experiencia y diseñar un ERTE para la “nueva” normalidad, algo que parece estar en la agenda del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En esta ocasión, y acercándonos más a modelos como el kurzarbeit alemán, el nuevo diseño de ERTE debería incorporar condicionalidades para su aplicación como la formación o un mayor uso de la jornada reducida. Los beneficios de esta política sociolaboral son más que evidentes, y pueden ayudar de forma singular al desempeño del mercado de trabajo de futuro.

Precisamente en el ámbito de la formación de ocupados y desempleados, la EPA de ayer muestra un hecho relevante: durante el primer trimestre de 2021, un 16% de las personas ocupadas y casi un 21% de las desempleadas afirmaron encontrarse cursando estudios, bien fuesen reglados o no reglados o ambos, lo que supone un incremento de cinco y de 4,6 puntos porcentuales en cómputo interanual, respectivamente. En términos absolutos, más de tres millones de ocupados y de 750.000 parados se encontraban cursando estudios o formación, incluidos en o fuera de los planes oficiales de estudio.

Al margen de las oscilaciones cíclicas, resultado del calendario académico, se trata de las cifras más altas de la serie que da la EPA desde el año 2005, manteniéndose la tendencia iniciada en el tercer trimestre de 2020 hacia mayores cifras de población activa que recibe formación. Que estemos ante un cambio sostenido en el tiempo dependerá de diversos factores, algunos de los cuales han sido sobrevenidos (por ejemplo, la flexibilización y adaptación a situaciones de confinamiento, en su momento, o el impulso a la formación a distancia y online, en términos más generales) pero a la luz de los datos, el aumento parece un hecho generalizado: así, no se viene dando solo entre las personas ocupadas, entre las que se incluye a las que se encuentran en un ERTE[1], sino que también han aumentado de forma considerable las cifras en el caso de los desempleados.

Esto es de especial relevancia en un contexto en el que, entre los retos principales a los que nos enfrentamos de cara a la recuperación, se encuentra lograr que quienes han perdido su trabajo vuelvan a encontrar uno y que quienes se encuentran en ERTE regresen al suyo, no perdiéndose la relación laboral. Para ello, deben implementarse políticas y programas de formación y adquisición de capital humano, tanto específico como generalista, que permitan acometer el necesario proceso de upskilling y reskilling (es decir, de adaptación y mejora de las cualificaciones profesionales de los trabajadores) especialmente en un contexto de adaptación y cambio sectorial, como en el que nos encontramos.

En este sentido, uno de los factores que sin duda puede contribuir a un cambio sostenido en el tiempo en el número de personas que cursan formación es el impulso decidido de políticas públicas en este ámbito. Por ello, es de destacar que la formación de capital humano sea una pieza clave en el marco del Next Generation EU y del nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que se deberá garantizar que las inversiones y reformas se centren en los retos y las necesidades de inversión relacionados con las transiciones ecológica y digital, ya que, por ejemplo, España posee poca población con habilidades digitales avanzadas y muy detrás de la UE en empleo de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación y graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), áreas en las que, además, existe una gran brecha entre hombres y mujeres.

En lo que respecta a nuestro país, el Plan “España Puede” tiene entre sus cuatro ejes prioritarios las transiciones ecológica y digital, que concentran el 40% y 30% de la inversión, respectivamente. Sin embargo, como señalamos en el documento anteriormente citado, consideramos que el déficit principal del Plan es, hasta ahora, su falta de concreción en el ámbito de la educación, el conocimiento y la innovación. Consideramos, pues, que debe realizarse una apuesta más decidida por la formación, tanto de personas ocupadas como desempleadas, y tanto reglada como no reglada, que debe recoger no sólo las prioridades establecidas a nivel continental, sino también en competencias transversales y soft skills, imprescindibles en el proceso de orientación laboral y búsqueda de empleo.

En definitiva, la segmentación del mercado laboral está una vez más detrás de buena parte del doloroso ajuste en el mercado de trabajo que ha sufrido la economía española en el último año. Los trabajadores con contratos temporales son una vez más aquellos que sufren buena parte de la carga, lo que no resulta inocuo en el medio y largo plazo, pues el paso por el desempleo, casi siempre de los mismos, suele tener como consecuencia una pérdida de capital humano y un coste para su reincorporación a futuro. Por ello, cualquier reforma del mercado de trabajo, como la que planea llevar a cabo el Gobierno, debe acometer de forma decidida esta cuestión. De otro modo, estos trabajadores verán recaer sobre ellos el peso de las crisis y verán limitadas sus posibilidades también en las futuras recuperaciones.

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[1] Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se consideró a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como consecuencia de un ERTE colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.