Una modesta propuesta para mejorar el mecanismo de ajuste de carbono en frontera
Pedro Linares Llamas
30 juny, 2022
El comercio mundial debe sumar a sus precios los costes medioambientales que implica la emisión de CO2 asociada a la producción de bienes. Con ese objetivo, el Parlamento Europeo acaba de votar a favor de un Mecanismo de Ajuste en Frontera (CBAM) para gravar los productos importados en función de sus emisiones, sometiéndolos al mismo precio que los bienes europeos que ya pagan por ellas en un mercado interno de derechos de CO2.
En su forma actual, el CBAM presenta dos retos pendientes que consideramos imprescindible confrontar para mejorar y asegurar el efecto deseado de incentivo al descenso de emisiones:
→ Reducción de la competitividad de las exportaciones europeas, debido a que el CBAM incrementará los costes de varios bienes necesarios para la producción de empresas dentro de la UE. Además del impacto sobre las empresas, esto podría favorecer la fuga de emisiones, es decir, el desplazamiento de la demanda mundial hacia productos que no asuman el CBAM en su proceso productivo y sean por tanto más baratos pero también más contaminantes.
→ En su forma actual, no está suficientemente claro cómo garantizará que los productos importados paguen por sus emisiones reales, dejando abierta la puerta a fallas en la certificación o desplazamiento oculto de decisiones en la cadena de producción hacia procesos altos en emisiones que no se podrán verificar fácilmente.
Para enfrentarlas, evaluamos aquí los potenciales pros y contras tanto en la dimensión económica como en la política de varias alternativas, escogiendo una de ellas como la más prometedora: complementar la CBAM con una contribución climática o impuesto especial para el período de transición, que se aplicaría sobre los materiales básicos. Se calcularía aplicando el precio del régimen de comercio de derechos de emisión a un factor estándar de intensidad de CO2 para cada material basado en el punto de referencia (benchmark) de la UE para las emisiones, tanto a la producción nacional (directamente) como a las importaciones.
Esta alternativa aporta seis ventajas clave:
→ No es una medida comercial, sino doméstica (similar al IVA), y por tanto no tiene que ser aprobada por la OMC, lo que permite una aplicación más rápida.
→ Abarca una gama más amplia de productos y elimina los incentivos a la sustitución de importaciones.
→ Al ser un impuesto especial, permite excluir a los exportadores de su pago. Sin embargo, si la UE quiere evitar que se exporten productos sucios, podría fácilmente eximir el impuesto especial sólo parcialmente y así penalizar los procesos que m s ás emiten, aunque estén orientados a la exportación.
→ Al establecer un valor estándar para las importaciones (al igual que para la producción nacional) se evita el “greenwashing”.
→ Garantiza una importante fuente de ingresos que puede destinarse a la descarbonización industrial a modo de red de seguridad para los sectores más afectados, con especial atención a sus trabajadores, o a ayudar a terceros países a descarbonizarse. En ese sentido, esa alternativa supondría una contribución redistributiva crucial que haría la descarbonización industrial/comercial más justa y ayudaría a legitimarla.
→ Dado que las emisiones industriales ya están penalizadas por el impuesto especial, la asignación gratuita podría continuar, para evitar la doble imposición. Sin embargo, esta asignación gratuita podría concederse sólo si está sujeta a planes específicos de descarbonización, reforzando así el incentivo para descarbonizar.
Por último, esta medida implicaría potenciales problemas que podrían enfrentarse o rebajarse:
→ El hecho de que no sea una medida comercial no significa que no deba negociarse con terceros. Sin embargo, esto puede facilitarse si una parte de los ingresos, como ya se ha mencionado, se utiliza para ayudar a estos países a descarbonizarse.
→ Un impuesto especial europeo debe ser aprobado por unanimidad por los Estados miembros, lo que sin duda puede ser difícil. Sin embargo, esto puede evitarse si el impuesto especial se incorpora como un elemento más del ETS. En este caso, bastaría la aprobación por mayoría.
→ Fijar el impuesto especial en el valor de referencia de la UE seguiría beneficiando a los productores más sucios del extranjero, ya que solo pagarían por las emisiones de referencia, no por las reales. Por lo tanto, la medida debería complementarse con ayuda exterior. para ayudar a terceros países a descarbonizarse.
Profesor en la Universidad Pontificia Comillas