La invasión de Ucrania en España: impactos y políticas

El efecto coyuntural a corto y medio plazo de la disociación económica entre Rusia y Europa producto de la invasión de Ucrania es un doble golpe al poder adquisitivo de los españoles, combinando aumento de inflación y desaceleración del crecimiento del PIB.

Esperamos que, para España, la crisis se traduzca en una reducción de más de un 1% en el crecimiento esperado para 2022, con riesgos al alza. La inflación, por su parte golpeará de manera mucho más intensa a las familias más vulnerables, principalmenteporque dedican una mayor proporción de la renta al consumo de energía y carburantes.

Para confrontar estos efectos, el Gobierno ha presentado una serie de medidas. Nuestra valoración general es que estas medidas podrían estar mejor dirigidas al apoyo asectores vulnerables, lo que las haría más eficientes, menos costosas y más respetuosas con los objetivos de descarbonización y transición verde. Sin embargo, su carácter de urgencia y la necesidad de cortar el impacto de la escalada del IPC en transferencias indexadas (como las pensiones) sesga y condiciona las medidas.

Evaluadas una por una:

• Descuento en carburantes de 0,2€/l.

→ Anticipamos que esta medida resultará en exceso costosa para la escasa eficiencia que promete:

– Tiene efectos regresivos: beneficiará más a los hogares de mayor renta, que consumen una mayor cantidad de carburantes.

– Los mecanismos de supervisión y castigo no parecen suficientes para asegurar el cumplimiento de la medida.

–Dicho cumplimiento será, además, difícil y costoso para las empresas pequeñas.

– Daña la intención central de la transición energética de incorporar a los precios de las fuentes energéticas sus externalidades negativas.

– Por todo ello, genera incentivos para usos no intencionados, laterales, o captura del beneficio por el lado de la oferta en un sector que se define por ser poco competitivo.

→ En su favor, la medida podría evitar por vía directa pérdidas de 1.250M€/año en el PIB español; e indirectamente, a través de su efecto de moderación del IPC, ahorros de hasta 4.800M€/año. Reducir la escalada del IPC, al que están indexados gastos tan importantes como el de las pensiones, es de manera realista uno de los objetivos centrales de esta medida, si no el principal, aunque su efecto se estima en no más de un punto de inflación.

→ Para evitar o al menos reducir tanto el coste central como los problemas asociados, mecanismos de ayudas y transferencias como los también contemplados por el Gobierno serían mejor opción: no dañan tanto la señal de precio, se pueden diseñar de manera progresiva, funcionan igual de bien para empresas de todo tamaño y tienen menores requisitos de control. Sin embargo, estas medidas no producirían el efecto deseado sobre el IPC, y probablemente es por ello que no hansido la primera opción escogida.

→ Alternativamente, se podía haber aprovechado esta oportunidad para empezar a diseñar y pilotar las compensaciones que serán necesarias para que la transición ecológica sea justa y viable en el corto plazo.

• Ayudas a consumidores de electricidad. La continuación de la rebaja impositiva (IVA e Impuesto Especial) y la extensión del bono social son más progresivas (especialmente ésta última) y dañan menos la señal de precio. Sin embargo, en tanto que la subida deprecios parece haber desbordado ya estos descuentos, y que el acceso al bono presenta importantes barreras, su efecto será limitado.
• Subida del IMV. Dada la carga que estos y otros bienes más afectados por la invasión suponen para los hogares más pobres, la inflación que van a afrontar es y será mucho más alta que la del resto. Esto justifica por sí mismo un aumento en las prestaciones, como la subida temporal del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, la baja cobertura del IMV puede dejar fuera a la mayoría de los hogares de bajos recursos. Por ello, el gobierno debería intensificar el diseño y la implementación de medidas destinadas a mejorar la cobertura del IMV en el corto plazo, así como continuar evaluando la implementación que ha tenido esta prestación.
• Límite a los alquileres. Siguiendo con la lógica de cortar la escalada de inflación a la revalorización de bienes y servicios indexados al IPC, el Gobierno ha establecido un límite al alza de los precios de los alquileres del 2%, al menos hasta junio de 2022. La naturaleza y diseño (que permite renegociación pactada para pequeños propietarios) de esta medida es progresiva, pero de mantenerse en el tiempo podría desincentivar la entrada de viviendas al mercado en el medio plazo y perjudicaría a pequeños propietarios (que sí enfrentarían los efectos de inflación en otros bienes pero no podrían amortiguarlos a través de sus ingresos como arrendatarios).
• Avales y ayudas empresariales. En el plano empresarial, para cortocircuitar círculos viciosos de falta de liquidez que se conviertan en problemas de solvencia, la línea deavales de hasta 10.000M€ abierta por el Gobierno es un mínimo necesario pero sin llegar ser óptimo. Al estar fuertemente condicionados por la inexistencia de un margen fiscal suficiente para proporcionar ayudas directas, estas se han enfocado en sectores específicos, como el transporte o la producción agraria, y apenas suman una décima parte de la línea de avales.
• Limitación de despido objetivo. Las empresas acogidas a las ayudas o a los ERTEs, solo podrán optar por despidos improcedentes (con más alta indemnización). Entendiendo y compartiendo el objetivo de desincentivar la destrucción de empleo, el hecho de tener que reintegrar las ayudas recibidas llegado el caso introduce una rigidez excesiva en un contexto en el que las empresas, especialmente aquellas que sean receptoras de ayudas o se acojan a medidas de flexibilidad laboral, pueden encontrarse en una situación crítica a medio plazo, viéndose abocadas al despido de manera necesaria.